Por Welnel Darío Féliz
En estos días el Senado de
Esos procesos de participación que establecen las leyes, incluyendo los cabildos abiertos y otros mecanismos locales, son, en su mayoría, de inclusión reciente en las leyes dominicanas. A todas luces, son procesos transformadores y trascendentales, que vienen a cambiar los espacios de inclusión de la ciudadanía en los procesos y ejecuciones del Estado y de los representantes. Sin embargo, una mirada a la historia política, institucional y social del país nos muestra que algunos de esos procesos no son nuevos, incluso, varios de ellos existían en los primeros años de la existencia del Estado y eran utilizados con regularidad por los ciudadanos. Tales son los casos del ejercicio del derecho de Petición, los cabildos abiertos y la participación e intervención en las discusiones plenarias de las salas capitulares.
Los cabildos abiertos constituyen una figura de participación que vino de la mano con la instauración de los primeros cabildos coloniales, en usanza por entonces en Castilla y Aragón, y se instituyó durante toda esta etapa. Fueron estos en donde se decidió la independencia de varios países sudamericanos y donde se tomaban decisiones trascendentales para la comunidad representada.
En Barahona, en los últimos años del siglo XIX, estos mecanismos de participación fueron muy utilizados por los munícipes y los ayuntamientos, en la mayoría de los casos con un mucho éxito, contribuyendo al desarrollo y transformación de la comunidad en general.
El 16 de enero de 1879, los habitantes de Barahona y pueblos aledaños, peticionaron (el derecho de petición estaba consagrado en el artículo 11 numeral 10 de
Asimismo, el cabildo abierto fue un mecanismo utilizado por el ayuntamiento de Barahona en los primeros meses de su instalación. En mayo de 1881, los habitantes de la villa informaron al ayuntamiento que habían recibido informaciones de familiares y amigos, relativas a que en Santo Domingo se había desarrollado la viruela maligna; ante delicada situación, que puso en temor a la población, el edil convocó al pueblo a un Cabildo Abierto, a celebrarse el día 12 de este mes, buscando reglamentar lo más conveniente en el particular. Allí se presentaron varios vecinos, quienes expresaron la preocupación general y deliberaron sobre medidas pertinentes a tomar. En colectivo, la decisión tomada fue: Fijar una observación rigurosa de seis días a todo buque procedente de la capital, y a los procedentes de Azua, tres días, si han pasado allí su observación; y no habiendo pasado, quedar en la misma condición que los procedentes de la capital. Dicha observación debe efectuarse en el lugar denominado “Rancho del Curro” (Féliz, Historia de Barahona, p. 301).
Asimismo, la intervención y oposición a las decisiones del ayuntamiento fueron recurrentes, escuchando y satisfaciendo la sala capitular lo solicitado. Una situación muy particular e interesante ocurrida en 1887 ilustra. En este año estaba latentes los intentos por construir un ferrocarril, que partiendo del puerto de Barahona, comunicaría con Neiba y pueblos cercanos. Ante la concreción de la obra, algunos inversionistas vieron la posibilidad de hacer algunos negocios importantes, principalmente con la posesión y uso de los terrenos alrededor de los lugares de embarque y cruce del medio de transporte. Uno de ellos fue José María Larcada, quien se asoció con Eduardo Acebedo, el que se encargaría de gestionar el arrendamiento de los terrenos con el ayuntamiento y las autoridades. Ante tal situación, reaccionó una parte del pueblo, principalmente algunos comerciantes, quienes produjeron un escrito público y, al mismo tiempo, dirigido al ayuntamiento en el que criticaban la concesión y solicitaban al edil la negativa. En la sesión del 22 de abril se conoció del problema, declinando el presidente el ayuntamiento el conocimiento por un formalismo (no estaba sellado ni pagados los impuestos de envío), lo que fue criticado por algunos de los regidores, generándose una discusión que al final concluyó permitiendo la intervención y defensa de uno de los munícipes en la sala. Al final la concesión se aprobó.
Como puede observarse, los mecanismos de participación fueron muy utilizados por la población barahonera en los finales del siglo XIX, logrando en muchas ocasiones sus objetivos y en otras, sin resultados positivos, se hicieron sentir con fuerza, tras la mejoría de los intereses propios y también de la comunidad. Todos estos espacios de participación y empoderamiento de la colectividad motorizaban el trabajo de los regidores y del síndico, quienes se mantenían vigilantes de la cosa pública, bajo la mirada acusadora y expectante de la ciudadanía, contribuyendo a cambiar a la yerma, mísera, despoblada y casi olvidada aldea Barahona de 1879, en un pueblo próspero, desarrollista y numerosamente habitado en los años siguientes.
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