Comparto con ustedes íntegramente esta columna llamada La Paz sea con todos“, la cual es escrita en el periódico El tiempo por el periodista e historiador Enrique Santos Molano...
Simplemente les diré: Sean ustedes el jurado......
Como esta columna se escribe los miércoles por la noche, no puedo saber qué alcances tuvo la marcha del 6 de marzo, ni si estuvo nutrida o desnutrida. Sé que su carácter era el de una marcha por la paz, en memoria de las víctimas de la violencia paramilitar y contra todas las violencias, vengan de donde vinieren.
En estos momentos, no "de efervescencia y calor", sino de graves tensiones entre naciones hermanas, el significado pacifista de la marcha del 6 adquiere una dimensión extraordinaria. Dos países hermanos, por motivos que, a juicio de la Organización de Estados Americanos (resolución del 5 de marzo), están justificados, han roto sus relaciones con Colombia. Desventura semejante jamás había ocurrido con el Ecuador, y con Venezuela sólo en 1900, cuando el gobierno del presidente colombiano Marroquín (el mago que recibió un país y entregó dos) acusó al del presidente venezolano, Cipriano Castro, de intervenir en el conflicto interno de Colombia al facilitarles a los liberales colombianos, alzados contra el gobierno conservador, armas y dinero, durante la Guerra de los Mil Días. Después se comprobó que la acusación era falsa y que la intervención del presidente Castro se había limitado a darles asilo a miles de colombianos liberales inermes, que huyeron hacia Venezuela para evitar que los asesinaran. Al reconocerlo así, el presidente Rafael Reyes reanudó las relaciones con Venezuela.
Pero jamás en la historia de tres pueblos hermanos se había presentado una situación de la gravedad de la actual. Por fortuna, y como es debido, se ha apelado a la mediación de la OEA, y en un primer fallo o resolución las naciones del continente han aprobado su rechazo a cualquier acción unilateral que lleve a la invasión, ocupación, así sea momentánea, o intrusión de un país en el territorio de otro sin el consentimiento de su gobierno o de sus autoridades, y sin que ninguna excusa pueda justificarlo. En otras palabras, la OEA ha rechazado como inadmisible la acción realizada por Colombia en territorio ecuatoriano el primero de marzo y cuyos resultados todos conocemos. Y se ha nombrado una comisión verificadora para investigar lo ocurrido. Por su parte, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y su gobierno se han declarado contentos por la resolución de la OEA, mas no satisfechos, y ha dicho el presidente Correa, en la rueda de prensa que dio con el presidente Chávez en Caracas, el miércoles pasado, que si la OEA no produce una condena explícita y contundente de la acción contra su país realizada por el gobierno colombiano, Ecuador irá hasta las últimas consecuencias. A la pregunta de una periodista ha explicado en qué consiste ir hasta las últimas consecuencias.
Si el gobierno de Colombia, nuestro gobierno, es respetuoso del Derecho Internacional, como ha sostenido que lo es, y como creemos que lo es, el paso lógico siguiente sería que, en acatamiento de la resolución de la OEA, diera al Ecuador las explicaciones y disculpas amplias y suficientes que ese gobierno, en su condición de agredido, le pide y a las que tiene derecho. Habría en ello un acto de grandeza del gobierno colombiano, que toda la América Latina le admiraría y agradecería, y una certificación verdadera de su respeto irreducible por el Derecho Internacional.
Quienes por muchos años hemos tratado de mantener un pensamiento independiente, quienes hemos creído siempre que América Latina es una sola patria, no podemos estar hoy sino a favor de la paz y de la armonía entre nuestros pueblos, por encima de cualesquiera diferencias.
Nada peor podría hacer el gobierno colombiano para justificar su acción del primero de marzo que seguir esgrimiendo el argumento de las pruebas encontradas en un supercomputador a prueba de bombas, que revelaría los contactos entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela y la guerrilla terrorista de las Farc. Hasta donde hemos visto, esas pruebas no prueban nada, no convencieron a nadie en la OEA (excepto al representante de los Estados Unidos) y utilizarlas en una corte penal internacional para demostrar que Hugo Chávez y Rafael Correa son protectores de terroristas no producirían sino risa en los juristas que las examinaran. A no ser que el gobierno colombiano guarde bajo la manga unas más serias y persuasivas. Hasta ahí no sabemos. Sin embargo el gobierno de Francia ha dicho de manera oficial, por boca de su canciller, que 'Raúl Reyes' era su contacto para la liberación de Íngrid Betancourt (y de once rehenes más) y que Francia estaba en conversaciones con él, y ha lamentado que la acción colombiana del primero de marzo hubiera truncado esas negociaciones. ¿Tendríamos que calificar al gobierno de Francia como protector de terroristas y acusarlo de tal?
"Que la Paz sea con vosotros y con tu espíritu", manda la Santa Madre Iglesia.
En estos momentos, no "de efervescencia y calor", sino de graves tensiones entre naciones hermanas, el significado pacifista de la marcha del 6 adquiere una dimensión extraordinaria. Dos países hermanos, por motivos que, a juicio de la Organización de Estados Americanos (resolución del 5 de marzo), están justificados, han roto sus relaciones con Colombia. Desventura semejante jamás había ocurrido con el Ecuador, y con Venezuela sólo en 1900, cuando el gobierno del presidente colombiano Marroquín (el mago que recibió un país y entregó dos) acusó al del presidente venezolano, Cipriano Castro, de intervenir en el conflicto interno de Colombia al facilitarles a los liberales colombianos, alzados contra el gobierno conservador, armas y dinero, durante la Guerra de los Mil Días. Después se comprobó que la acusación era falsa y que la intervención del presidente Castro se había limitado a darles asilo a miles de colombianos liberales inermes, que huyeron hacia Venezuela para evitar que los asesinaran. Al reconocerlo así, el presidente Rafael Reyes reanudó las relaciones con Venezuela.
Pero jamás en la historia de tres pueblos hermanos se había presentado una situación de la gravedad de la actual. Por fortuna, y como es debido, se ha apelado a la mediación de la OEA, y en un primer fallo o resolución las naciones del continente han aprobado su rechazo a cualquier acción unilateral que lleve a la invasión, ocupación, así sea momentánea, o intrusión de un país en el territorio de otro sin el consentimiento de su gobierno o de sus autoridades, y sin que ninguna excusa pueda justificarlo. En otras palabras, la OEA ha rechazado como inadmisible la acción realizada por Colombia en territorio ecuatoriano el primero de marzo y cuyos resultados todos conocemos. Y se ha nombrado una comisión verificadora para investigar lo ocurrido. Por su parte, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y su gobierno se han declarado contentos por la resolución de la OEA, mas no satisfechos, y ha dicho el presidente Correa, en la rueda de prensa que dio con el presidente Chávez en Caracas, el miércoles pasado, que si la OEA no produce una condena explícita y contundente de la acción contra su país realizada por el gobierno colombiano, Ecuador irá hasta las últimas consecuencias. A la pregunta de una periodista ha explicado en qué consiste ir hasta las últimas consecuencias.
Si el gobierno de Colombia, nuestro gobierno, es respetuoso del Derecho Internacional, como ha sostenido que lo es, y como creemos que lo es, el paso lógico siguiente sería que, en acatamiento de la resolución de la OEA, diera al Ecuador las explicaciones y disculpas amplias y suficientes que ese gobierno, en su condición de agredido, le pide y a las que tiene derecho. Habría en ello un acto de grandeza del gobierno colombiano, que toda la América Latina le admiraría y agradecería, y una certificación verdadera de su respeto irreducible por el Derecho Internacional.
Quienes por muchos años hemos tratado de mantener un pensamiento independiente, quienes hemos creído siempre que América Latina es una sola patria, no podemos estar hoy sino a favor de la paz y de la armonía entre nuestros pueblos, por encima de cualesquiera diferencias.
Nada peor podría hacer el gobierno colombiano para justificar su acción del primero de marzo que seguir esgrimiendo el argumento de las pruebas encontradas en un supercomputador a prueba de bombas, que revelaría los contactos entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela y la guerrilla terrorista de las Farc. Hasta donde hemos visto, esas pruebas no prueban nada, no convencieron a nadie en la OEA (excepto al representante de los Estados Unidos) y utilizarlas en una corte penal internacional para demostrar que Hugo Chávez y Rafael Correa son protectores de terroristas no producirían sino risa en los juristas que las examinaran. A no ser que el gobierno colombiano guarde bajo la manga unas más serias y persuasivas. Hasta ahí no sabemos. Sin embargo el gobierno de Francia ha dicho de manera oficial, por boca de su canciller, que 'Raúl Reyes' era su contacto para la liberación de Íngrid Betancourt (y de once rehenes más) y que Francia estaba en conversaciones con él, y ha lamentado que la acción colombiana del primero de marzo hubiera truncado esas negociaciones. ¿Tendríamos que calificar al gobierno de Francia como protector de terroristas y acusarlo de tal?
"Que la Paz sea con vosotros y con tu espíritu", manda la Santa Madre Iglesia.
"Siempre digo la verdad, incluso cuando hablo mentiras"
0 cometarios:
Publicar un comentario